El pasado 25 de junio, en el Auditorio Reina Roja de San Cristóbal de las Casas, se realizó el conversatorio "Matrimonio forzado: marcos legales y retos pendientes", con el objetivo general de generar un espacio de reflexión, análisis y sensibilización sobre las causas, consecuencias y marcos legales del matrimonio forzado en menores de edad, en pueblos y comunidades indígenas.

El evento contó con la participación de 40 asistentes, de las cuales 22 son mujeres y 18 son hombres, provenientes de los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Santiago el Pinar, San Juan Cancuc, San Cristóbal de las Casas, Simojovel, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán, entre organizaciones civiles y coordinadores de prevención del delito de los municipios originarios.

Durante el evento, las ponentes provenientes de Tenejapa, Huixtán, San Cristóbal de las Casas y San Juan Cancuc, coincidieron en que el matrimonio forzado y las uniones tempranas persisten en comunidades indígenas de Chiapas a pesar de las prohibiciones legales. Desde el contexto indígena, destacaron que esta práctica no debe ser confundida con "usos y costumbres" inamovibles, sino que responde a factores estructurales como la pobreza, el machismo, el aislamiento y la presión social que estigmatiza a las mujeres solteras mayores de 18 años.

Las ponentes subrayaron que las niñas forzadas a cohabitar sufren consecuencias devastadoras: abandono escolar, violencia doméstica, embarazos de alto riesgo, trauma psicológico y aislamiento, el silencio se mantiene por miedo al escándalo y a la revictimización, en el ámbito jurídico, se valoró la reciente reforma al Código Penal de Chiapas que tipifica la cohabitación forzada con penas de 8 a 15 años de prisión, pero se advirtió que la ley no basta si no hay coordinación entre el sistema estatal y la justicia comunitaria.

Como conclusiones, se acordó impulsar campañas de sensibilización en lenguas originarias, fortalecer la presencia institucional en comunidades apartadas y construir rutas de prevención y atención que respeten la autonomía indígena sin tolerar violaciones a los derechos humanos de las niñas.